Explicacion conflicto ley vivienda Espana - Guía rápida para entender el conflicto con la ley de vivienda: qué regulan las comunidades y hasta dónde puede llegar el gobierno.
¿El gobierno se ha pasado de la raya con la ley de vivienda? A los ojos del Poder Judicial, sí.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha advertido que la nueva ley "expropia" competencias a las comunidades. En otras palabras, que la norma trata en profundidad una serie de cuestiones en las que se supone que el Gobierno no debe entrar.
El CGPJ ha elaborado un nuevo informe en el que se evalúa la ley de vivienda. El Ejecutivo quería la aprobación de este órgano antes de aprobar el reglamento en el Consejo de Ministros.
Hace dos semanas, el CGPJ preparó un primer informe del ex diputado socialista Álvaro Cuesta, pero la mayoría de los miembros del propio cuerpo votaron en contra de la propuesta.
El nuevo informe, elaborado por Enrique Lucas y José Antonio Ballestero, se publicó el lunes y se votará el jueves.
Explicacion conflicto ley vivienda Espana
Que si bien el Estado tiene competencia en materia de vivienda, esto no le permite "ordenar completamente este asunto o duplicar o vaciar las atribuciones autónomas de contenido""
Además, el organismo es duro y, según El País, considera que el Ejecutivo "expropia" las competencias de las comunidades.
El nuevo informe también critica duramente el control de alquileres incluido en la ley.
El Poder Judicial considera que se trata de una cuestión "constitucionalmente delicada", ya que contrasta dos derechos fundamentales: la propiedad privada y la función social de la vivienda.
Además, califica el contenido del control de precios de "engorroso" y pide pruebas empíricas de que la medida es eficaz.
Por último, cuestiona la necesidad de controlar los alquileres una vez que se haya superado lo peor de la pandemia.
Argumentos sobre Explicacion conflicto ley vivienda Espana
El órgano sostiene que la medida nació para combatir el impacto negativo de la COVID-19 en los hogares, por lo que mantener esta medida una vez que ese impacto desaparezca "puede no ser apropiado".
El CGPJ dice que el Gobierno podría estar más atascado de lo que estaría en la vivienda. ¿Por qué? Porque cuando se trata de vivienda, las comunidades están a cargo.
En virtud del artículo 18.1.3 de la Constitución Española, "las Comunidades Autónomas pueden asumir como competencia exclusiva la ordenación del territorio, el urbanismo y la vivienda, competencia que ha quedado efectivamente recogida en todos los Estatutos de Autonomía".
"La frontera es complicada, digamos que la base general tiene que ser dada por el Estado, pero quien desarrolla las normas y criterios tienen que ser las comunidades", explica Arantxa Goenaga, abogada y socia de la firma Círculo Legal Barcelona.
"El estado puede establecer líneas generales, pero son las comunidades las que lo aterrizan", dice Beatriz Toribio, experta en el sector inmobiliario.
Por lo tanto, la aplicación de las medidas más controvertidas de la Ley, como la declaración de zonas estresadas, los límites máximos en el precio de los alquileres o el recargo sobre los pisos vacíos, estaría en manos de las comunidades y los municipios.
Sin embargo, hay momentos en que el Estado gobierna. Prueba de ello es la ley de tierras, la ley de arrendamientos urbanos o los diferentes planes estatales de vivienda, que son reglamentos estatales que regulan aspectos de vivienda.
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"Junto con la normativa autónoma, será necesario considerar la existencia de una ley Estatal en la materia, así como los reglamentos municipales", dice la Constitución en la Sinopsis del Artículo 47.
El Estado, de hecho, ha entrado a regular muchos temas de vivienda, con medidas fiscales, con reglas que afectan el mercado hipotecario, los arrendamientos urbanos, el sobreendeudamiento de las familias, la protección de los deudores hipotecarios, los desalojos, la propiedad horizontal o la eficiencia energética.
Pero, ¿dónde termina uno y dónde comienza el otro?
"El Estado tiene títulos de competencia que pueden afectar en mayor o menor medida en materia de vivienda, sin que en ningún caso eso le permita ordenar esta materia por completo o duplicar o vaciar las atribuciones autónomas de contenido", advierte el informe del Poder Judicial.
Goenaga da un ejemplo con la administración de Justicia :" El órgano de la administración es estatal, pero el órgano auxiliar es autónomo, corresponde a cada comunidad. Lo que el CGPJ le está diciendo al Gobierno es: cuidado, no reaccione exageradamente con las políticas."
En la mayoría de los casos, el Estado sólo debe desempeñar un papel "complementario", como establece la propia Constitución en su sinopsis del artículo 47.
Por ejemplo, en materia de urbanismo, corresponde a las comunidades diseñar y desarrollar sus propias políticas, mientras que el Estado puede ejercer ciertas competencias que afectan a la materia, "pero debe evitar condicionarla".
Disposiciones estatales sobre la Explicacion conflicto ley vivienda Espana
Lo mismo puede decirse de la vivienda pública: "en esta esfera, gran parte de las disposiciones del Estado se aplican exclusivamente con carácter complementario".
El informe del CGPJ da algunos ejemplos del texto legal en el que el Estado está imponiendo condiciones a las comunidades en políticas en las que deciden las autonomías.
Por ejemplo, la ley faculta a las administraciones para fomentar la vivienda asequible o para declarar un área estresada, "pero condicionando en detalle las reglas básicas a las que deben estar sujetas". Por ejemplo, el Estado ha establecido lo que se considera un área estresada, cuánto dura y qué políticas deben implementar las comunidades en estos casos, sin dar espacio.
Esto, según el informe, implica una " clara limitación de los poderes de organización y gestión de éstos.”
Genera inseguridad jurídica. Si el Gobierno comienza a regular temas sobre los que las comunidades ya legislan, puede suceder que haya duplicidades o, peor aún, que el Estado diga una cosa y la regulación autónoma, otra.
Esto, según el informe del CGPJ "generará sin duda una situación de gran inseguridad jurídica, ya que ciertamente es difícil determinar qué norma se aplicará, el Estado o la comunidad autónoma, cuando no están totalmente de acuerdo entre sí.”
No tiene obligación de hacerlo. El informe preparado por el CGPJ no es vinculante y ofrece explicacion conflicto ley vivienda Espana. Si el Gobierno desea tenerlo antes de que se apruebe la ley, es para saber qué hacer y asegurarse de que no viola los principios constitucionales ni las cuestiones de procedimiento. Quería tener la bendición de la Justicia antes de aprobar la ley.
Pero precisamente por esta razón, incluso si lo que dice el CGPJ no es vinculante, es importante.
"Lo que dice el informe puede tener repercusiones muy importantes, porque puede dar lugar a muchos conflictos judiciales. Si el propio CGPJ se pronuncia en contra de algunos aspectos de la ley, habrá personas afectadas que utilizarán estos argumentos para apelarla. El Gobierno puede avanzar peor lo sensato es rectificar", explica Gonzalo Bernardos, profesor y director del Máster Inmobiliario de la Universidad de Barcelona.
"En Berlín lo vimos cuando aplicaron el control de precios: los tribunales se derrumbaron con propietarios que no estaban de acuerdo", advierte José García Montalvo, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra. Esta es la postal que podría reproducirse si la ley se aprueba sin el respaldo de la corte.
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